Se trata de los primeros ocho conductores detenidos tras la promulgación de la ley que endurece las sanciones para quienes conduzcan bajo 1 gramo de alcohol.
La Policía de Mendoza continúa realizando estrictos controles de alcoholemia en toda la provincia. Fue así como en las últimas horas se detuvieron a ocho conductores que circulaban alcoholizados. Estas acciones se enmarcan en la reciente promulgación de la Ley 9099 del Código Contravencional, que endurece las sanciones para quienes igualen o superen el 1 gramo de alcohol en sangre.
La mayoría de los casos de alcoholemia detectados se registraron en la madrugada, entre la 1:00 y las 5:00, en el Gran Mendoza, este y sur provincial. De los ocho conductores detenidos, tres eran motociclistas. En Guaymallén, se destacó un caso particular: un conductor de una camioneta Ford Ecosport fue registrado con un nivel de alcoholemia de 2,14 gramos por litro (g/L), el nivel más alto registrado en estos controles.
La Ley 9099 impone sanciones severas para los conductores con niveles de alcoholemia superiores a 1 gramo por litro de sangre. Las penalidades incluyen multas económicas que varían entre 508.000 y 1.397.000 pesos, equivalentes a 4.000 a 11.000 Unidades Fijas, con cada UF valorada en 127 pesos.
Además, la norma establece arrestos de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, con una duración que puede oscilar entre 90 y 545 días. Es importante señalar que la inhabilitación para conducir es obligatoria y el pago de la multa no reduce la duración de esta pena.
Los jueces también pueden imponer la obligación de asistir a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable, según las circunstancias del caso.
En tanto, se seguirán reteniendo las licencias de conducir y los vehículos de los infractores hasta que se haya cumplido con la sanción correspondiente. También, la negativa u obstrucción a realizar el test de alcoholemia será considerada como presunción legal de contravención.
Sumado a estas penalidades, el Gobierno provincial promulgó la Ley 9.555, que establece que los conductores ebrios que causen accidentes de tránsito deberán cubrir los costos de su atención médica en hospitales públicos.
