La ley ómnibus que Milei envió al Congreso este jueves entraña un drástico ajuste al sector cultural. Contempla sólo dos destinos para los organismos que protegen y fomentan a la cultura en todo el territorio nacional. El paquete de reformas abarca el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). “Artistas emergentes becados, obras de teatro independientes y bibliotecas populares en los barrios podrían dejar de existir”, alertó en Twitter ATE Cultura Nación.
Uno de los puntos del paquete de leyes es la propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), que data de 1997 y determina que la actividad teatral, “por su contribución al afianzamiento de la cultura”, debe contar con “promoción y apoyo del Estado Nacional”. De concretarse la derogación, quedaría eliminado el Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo que organiza concursos, certámenes, muestras y festivales; otorga subsidios y becas a grupos, salas, artistas y eventos y estimula la conservación y creación de espacios, entre otras cosas. De este modo, el circuito independiente, quedaría a la deriva.
Este jueves, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) definió a la intención del Ejecutivo de derogar la ley como “una afrenta a la cultura y al trabajo de toda la comunidad teatral que por décadas se desarrolló alrededor de esta política de Estado que atravesó los más diversos gobiernos”. Asimismo, resaltó la “lucha histórica de teatristas que pelearon” por esta conquista.
El Gobierno busca también derogar el Decreto Ley 1224 (más antiguo, de 1958), creador del FNA, organismo autárquico dependiente del área de Cultura, cuyo fin es promover y desarrollar la producción de artistas de todo el país financiando su formación y creación de obras.
En campaña La Libertad Avanza llegó a prometer el cierre del INCAA, que según el proyecto seguirá en pie, pero desfinanciado: cuando el documento alude a los fondos del instituto que financia el cine nacional, omite el porcentaje que recibe del Enacom (25 por ciento de su recaudación). Esto implica que la principal fuente de ingresos pasaría a ser el impuesto del 10 por ciento a las entradas que pagan los espectadores. Por otro lado, todo indica que las salas no deberán cumplir con cuotas de pantalla para films nacionales. Hay, además, reformas en la estructura y el funcionamiento del INCAA. La principal es la reducción del Consejo Asesor de 11 a ocho miembros, que ya no representarán a distintas áreas de la industria sino que serán designados a discreción por el director del organismo. No habría, de aprobarse, más adelanto de subsidios, y los créditos serían otorgados por un banco a tasas de mercado. La ENERC desaparecería como estructura legal: podrá seguir existiendo sólo si las autoridades del INCAA lo determinan y le dan fondos. No se contemplaría continuar con Ventana Sur y menos aún con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Por otra parte, de acuerdo a un comunicado de la Unión de Músicxs Independientes, la propuesta legislativa transformaría al Inamu, que es un ente público no estatal, en un “programa” de la Secretaría de Cultura. Un cambio de esencia. Otros efectos del proyecto, de concretarse, serían: la eliminación de fondos específicamente destinados a la música (como los de Enacom), dejando todo librado a la voluntad del Estado; la desaparición de la asamblea federal -conformada por representantes gubernamentales de Cultura de las provincias-, dando potestad para las decisiones al Estado Nacional; eliminación del artículo 31 de la Ley N° 26.801, que exige participación de bandas nacionales en shows internacionales.
En el mundo del libro, se propone la derogación de la Ley N° 25.542, de Defensa de la Actividad Librera, que establece un precio uniforme de venta al público de libros. Según la Cámara Argentina del Libro, esto pondría en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas librerías, así como también el acceso a la lectura. “La ley protege la bibliodiversidad y su derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”, advirtió la Fundación El Libro.
A las bibliotecas populares la ley ómnibus les saca los “beneficios” presentes en la normativa vigente -Ley N° 23.351-, tales como las tarifas reducidas en servicios prestados por empresas del Estado o subvenciones para el mantenimiento de instalaciones. A su vez, se eliminaría el Fondo Especial para las bibliotecas populares, que surge de los juegos de sorteo e integra la mitad de los recursos con los que Conanip distribuye subsidios y desarrolla actividades. Las instituciones sólo tendrían como “beneficios” los “subsidios que a tal fin defina el Congreso Nacional en su presupuesto”. Aunque el proyecto mantiene los cargos de un presidente, un secretario y cinco vocales, sólo el presidente percibiría una remuneración. Dejaría de existir la junta representativa, que recoge requerimientos provinciales y locales.
Por otro lado el paquete propone derogar otras tres leyes: la N° 24.905, que creó, en 1997, el Museo, Biblioteca y Archivo del Trabajo y Movimiento Obrero Argentino. La N° 14.800, de 1959, según la cual en el caso de demolición de una sala teatral el propietario tiene la obligación de construir una de características similares en el nuevo edificio. La N° 21.145 (1975), destinada a actores, artistas y técnicos de compañías teatrales, quienes podían acceder a una reducción del 50 por ciento sobre el precio de pasajes y fletes en las empresas estatales de transporte utilizadas para giras, y de tarifas especiales en hoteles que dependan del Estado.
Fuente: Página 12.
