El Gobierno presentó un proyecto para derogar la Ley N° 9133 en Mendoza

En un esfuerzo por reducir la burocracia y simplificar los procesos para el sector agroindustrial, el Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Senadores para derogar la Ley N° 9133. Fue recibido por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba.

Luego de presentar el proyecto por Mesa de Entradas del Senado, los funcionarios brindaron una conferencia de prensa en el Salón Rojo. Allí, Hebe Casado destacó el trabajo conjunto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, subrayando que en los últimos seis meses el Senado aprobó 40 leyes.

Luego, el ministro Vargas Arizu explicó que la Ley N° 9133, que obligaba el registro de contratos de compra-venta de materias primas agrícolas, había resultado en una carga burocrática innecesaria para el sector industrial. «De los 43.000 contratos registrados en cuatro años, solo 397 fueron infraccionados, todos por formalismos, sin denuncias por problemas de pago o entrega de mercadería. Esta ley significaba una tarea burocrática y una erogación de contratos y sellos, dinero que se le quita a la actividad privada», afirmó Vargas Arizu.

Este es el motivo por el que el Poder Ejecutivo impulsa este proyecto, comentó el titular de la cartera de Producción, para proteger a los pequeños productores mediante la estabilidad económica y la eliminación de barreras innecesarias.

Martín Kerchner Tomba cerró la presentación argumentando que la derogación de la ley es un paso necesario para mejorar las herramientas legales que no cumplen sus objetivos. «Un gobierno inteligente corrige estas herramientas. Esta ley generó más burocracia que beneficios, y lo que buscamos es darle a los productores e industrias la libertad de operar sin el peso del gobierno encima», sostuvo el presidente Provisional del Senado.

Motivos para la derogación

La Ley N° 9133, promulgada en 2019, estableció la obligatoriedad del registro de contratos de compra-venta de productos agrícolas, inicialmente enfocada en el sector vitivinícola. En 2020, esta obligación se extendió a casi todas las materias primas agrícolas destinadas a su transformación.

Sin embargo, esta normativa ha sido objeto de críticas por parte de productores e industriales. Las características climáticas y los usos y costumbres de la actividad agrícola en Mendoza dificultan la certeza sobre las cantidades y calidades producidas, lo que complica el cumplimiento de los contratos. Además, la obligatoriedad del registro y las multas asociadas han generado costos y demoras sin beneficios claros para ninguna de las partes involucradas.

Desde su implementación, más de 43.000 contratos fueron registrados, pero las infracciones, que suman 297 resoluciones con más de $450 millones en multas, se fundamentaron en formalismos sin denuncias de incumplimientos de contratos por parte de los productores. Estas sanciones han perjudicado a las industrias sin recibir reclamos por parte de los proveedores primarios.

Alcances del proyecto

El proyecto de derogación busca eliminar la Ley N° 9133 y todas las normas asociadas a su aplicación. Además, propone que todas las sanciones impuestas bajo esta ley que aún no sean definitivas en sede administrativa o judicial sean canceladas. Sin embargo, las sanciones en curso iniciadas por denuncias de productores afectados no serán afectadas por esta medida.

Asimismo, el proyecto especifica que la cancelación de estas sanciones no afectará los honorarios devengados por abogados, procuradores, peritos y otros profesionales involucrados en los procesos judiciales, ni las costas producidas en dichos procesos. Por otro lado, las sanciones que ya sean firmes al momento de la publicación de la nueva ley mantendrán su validez y efectos legales.

Es importante destacar que no se permitirá la devolución de montos ya abonados ni se cuestionarán las obligaciones ya cumplidas bajo la ley derogada.

Fuente: Prensa Senado de Mendoza.