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LA LEGISLATURA TRABAJA EN IGUALAR CONDICIONES SOCIALES Y LABORALES PARA PERSONAS TRANS

La Legislatura de Mendoza continúa abriendo las puertas a la ciudadanía con la intención de escuchar las voces de cada mendocino o mendocina para tender puentes, crear nexos y fomentar una gestión transparente, participativa y colaborativa. Por ello es que promueve y reconoce la lucha por los Derechos Humanos del colectivo LGBTIQ+.

De esta manera, se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos la mesa de trabajo de personas trans “Inclusión Laboral Trans: Reflexiones y desafíos posibles”, actividad que fue coordinada conjuntamente por el área de Género y Diversidad de la Legislatura de Mendoza, por la agrupación Mirada Positiva y por la Organización Mendocina de Integración de Diversidad Sexual (OMIN).

El objetivo del encuentro fue reflexionar sobre cómo viabilizar las necesidades del colectivo brindándoles herramientas a través de capacitaciones, apoyo pedagógico y “otras medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos”, según lo que establece el artículo 75 de la Constitución Nacional.

Si bien en los últimos años hubo, en lo normativo, avances como la ley de identidad de género (sancionada en 2012), el cupo laboral sigue siendo una de las mayores deudas que la sociedad mendocina tiene con el colectivo y según sus propias protagonistas se ha convertido en una lucha de todos los días.

Aunque los referentes coinciden en que Argentina va hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, poniendo las expectativas en las generaciones jóvenes -el feminismo y la lucha del colectivo LGTBIQ+ tienen un rol fundamental-, destacan que aún quedan un largo camino y mucho desconocimiento.

Diferentes informes echan luz sobre la vulneración histórica y cotidiana de las mujeres trans (un paraguas que abarca las identidades travestis, transexuales y transgénero): su expectativa de vida es de 35 años; seis de cada 10 abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación; el 83% fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial; el 46% viven en viviendas deficitarias, y el 34% tienen VIH y dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales.

Fuente: Prensa Legislatura de Mendoza.

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